La propuesta de nuevo ministerio.

La propuesta de nuevo ministerio.

Por Fernando Rodríguez G.

Este día jueves 03 de enero, con sorpresa leíamos en la prensa algunas geniales ideas de nuestros iluminados congresistas, que de cuando en cuando, hacen noticia proponiendo proyectos de ley que por lo demás, no son de su directa competencia, como lo es por ejemplo, la creación de nuevos ministerios o entes del Estado que involucren un gasto o inversión pública. 

En esta oportunidad, el diputado Don Gonzalo Fuenzalida (RN), hace noticia, proponiendo la creación de un nuevo ministerio de Seguridad Pública, pese a que recién el 21 de febrero del año 2011, se publica la Ley N° 20.502 se crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol; y modifica diversos cuerpos legales, dotando al Ministro del Interior, de personal; medios técnicos y jurídicos para el cumplimiento de su cometido como tal. 

Cuesta comprender que existan personas letradas, con sendos estudios profesionales universitarios, como es el caso del Abogado Gonzalo Fuenzalida, dedicados a legislar en nuestro país, que estén convencidos que agrandando el Estado, mediante la factura de creación de ministerios, se solucionan los problemas de la ciudadanía y se atienda debidamente las prioridades tanto gubernamentales como los de la propia sociedad. 

La verdad de las cosas es que la Seguridad Pública, rebasa la sola acción de un ministro 24/7 como sostiene el diputado Fuenzalida, pues particularmente, los temas de seguridad pública, no atañen solamente al Estado, sino que también, principalmente a cada uno de los ciudadanos y por tanto el eventual ministro aunque esté dedicado las 24 horas del día los siete días a la semana, lo que es impensable, no dará solución alguna a los problemas de esta materia.

Debería saber por otro lado, el honorable diputado, que en este cometido están también comprometidos los actuales Intendentes y Gobernadores, que tienen dependencia directa del Ministro del Interior, y mañana, será tarea de los Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, que igualmente dependerán de ese mismo ministerio y que conforme a la ley dentro de sus principales y prioritarias funciones;  “es velar que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes”, pudiendo además, “requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción”.  En otras palabras, los Intendentes y Gobernadores, conforme lo señala el art. 14 de la citada Ley N° 20.502, son “los ejecutores de la Política Nacional de Seguridad Pública”. 

La idea del diputado Fuenzalida, es tan desproporcionada y poco pensada, que de empezar a estudiar esta materia propuesta, se llegaría a la brutal contradicción vital que los actuales Intendentes y Gobernadores y mañana, las nuevas figuras políticas creadas, tendrían dos jefes contraviniendo de manera absurda el principio de “unidad de mando”.  En efecto, quienes deben ser los ejecutores de la Política Nacional de Seguridad Pública, tendrían como jefe al eventual Ministro de Seguridad Pública, y en otras materias al Ministro de Interior, es decir, una <> de proporciones, que no resiste mayor análisis.

Como se puede observar, con solo mirar la ley, está claro que no es tarea solo de quién funge como Ministro del Interior, sino que también de otros estamentos multisectoriales del gobierno, otros órganos descentralizados del Estado, como lo son las Intendencias y Gobernaciones, incluyendo desde luego a la Municipalidades, Juntas de Vecinos, Comités Comunitarios y la propia comunidad toda.

Sugeriría al Diputado Fuenzalida que pida información, por ejemplo, como se ha estado implementando en las municipalidades del país, la Ley N° 20.965 publicada el 04 de noviembre del año 2016 y le aseguro que se llevará más de una sorpresa, en un eslabón de la cadena del tema que tanto le preocupa, de la mayor importancia.  Es en este eslabón de la seguridad pública a la que hay que hincarle el diente. 

Basta solo que pida algunos de los “Plan Comunal de Seguridad Pública” que han elaborado algunas municipalidades y se dará cuenta que, en algunos casos, no son más que datos estadísticos referidos a la seguridad pública y que no proponen nada coherente ni medidas de control y seguimientos del mismo.   Más parece documentos elaborados por cumplir con una norma legal, que un trabajo con sustrato que logre bajar los diferentes índices de criminalidad.

Por tanto, en vez de estar pensando en seguir agrandando el Estado, con el consiguiente aumento del gasto estatal sin necesidad alguna – léase más despilfarro del dinero de todos los chilenos – para continuar con los amiguismos, pagos de favores políticos, funcionarios que no realizan sus tareas, etc. y que  al final del día, los problemas subsisten de igual forma.

Es preferible, que los fiscalizadores de la acción gubernamental, que por esencia son precisamente los diputados, realicen su deber  constitucional en forma efectiva, exigiendo y fiscalizando que cada ente público cumpla con las misiones, funciones y tareas asignadas de manera eficiente y oportuna conforme a la ley en cada área de sus responsabilidades.

En esta materia hay mucho por hacer y conjugar a todo nivel, ya que requiere ser tratado de manera multisectorial y multidisciplinario, pues definitivamente no es un tema aislado, sino que por el contrario, es un tema que tiene muchas aristas de todo orden y separando la función principal del ministerio de interior que comprende el Orden Interno, valga la redundancia, es sin duda un volador de luces, propio de rezagos de la iluminada noche del 31 de diciembre pasado, en el cual al parecer, el señor diputado Fuenzalida quiere dar la impresión a la ciudadanía, de estar preocupado de un tema de especial importancia, proponiendo una mala e impensada idea, que no soluciona nada; que produce un enorme gasto al erario nacional que dudo que lo haya cuantificado, que significan más empleados públicos, que a la postre son burócratas, que se pasean en dependencias fiscales con carpetas bajo el brazo, “haciendo como que trabajan” y en la realidad, haciendo absolutamente nada.